Los agentes económicos suelen utilizar IPC e inflación como si se trataran de sinónimos, sin embargo, el IPC (Índice de Precios de Consumo) mide la variación de precios que sufren una serie de bienes y servicios, que son siempre los mismos y que se considera representativa del gasto de un consumidor urbano, mientras que la inflación se refiere a la variación de precios que sufre el PIB, es decir el conjunto de bienes y servicios finales producidos por un país en un determinado período de tiempo (normalmente un año)..
La verdadera inflación tendríamos que medirla por lo que se conoce como deflactor del PIB, que es la diferencia entre lo que costaba el conjunto de los bienes y servicios en un año, que se denomina año base y, lo que cuestan en la actualidad, y esto último sería lo que nos daría la verdadera variación en el coste de la vida. Suelen utilizarse indistintamente puesto que el IPC es un dato de fácil elaboración y, si la inflación es pequeña, no suele diferir mucho con el IPC.
También suele hablarse de la inflación subyacente, que es la senda o tendencia que mantiene la inflación a lo largo del tiempo, y donde se intentan eliminar las oscilaciones bruscas que determinados artículos producen en su marcha, y para ello se eliminan en su cálculo las variaciones de precios de los alimentos no elaborados y la de los productos energéticos.
La inflación suele ser de dos tipos distintos:
Por un lado nos encontramos con la Inflación monetaria, que se debe a la política monetaria del Gobierno cuando ordena a su Banco Central la emisión de billetes con los que paga los salarios de los funcionarios públicos, las pensiones, o las deudas que el Estado ha contraído. Dado que esa emisión suele realizarse sin un respaldo económico real (reservas de divisas, oro, o bienes reales), el dinero pierde valor y, por lo tanto, los precios aumentan para intentar ajustarse al nuevo valor real de la moneda.
Y, por el otro lado, está la inflación debida al alza en los precios de los bienes y servicios producido por un estrangulamiento del aparato productivo que distorsiona el equilibrio entre la oferta y la demanda de esos bienes y servicios. Es decir, los precios suben, cuando los consumidores demandan más de lo que las empresas son capaces de suministrar. A veces también se da cuando algunos grupos económicos y financieros pactan precios para restringir, así, la competencia entre ellos.
Haciendo historia...
Fue en 1936 cuando se comenzaron a calcular en España los primeros índices de precios, que intentaban medir la satisfacción de las necesidades vitales primarias de las familias basándose, estrictamente, en una cesta de la compra que se consideraba representativa de una familia de la época. Conforme pasó el tiempo, el aumento de la renta disponible y la aparición de nuevos productos y servicios, hizo surgir la necesidad de crear un índice que englobase todas las facetas de gasto de las familias, en España el INE (Instituto Nacional de Estadística) llevó a cabo esta innovación en 1976.
Entre el 1 de abril de 1990 y el 31 de marzo de 1991, se realizó una Encuesta de Presupuestos Familiares, pidiendo información a 21.000 hogares, y obteniéndose 900 partidas de gasto de las que se seleccionó una cesta de la compra formada por 471 artículos, (bienes y servicios), que se consideraron representativos del conjunto del gasto realizado por los hogares españoles, y que se clasificaron en ocho grupos (Alimentación, Vestido, Vivienda, Menaje, Medicina, Transporte, Cultura y Otros), cuya evolución de precios representaría al de la totalidad de bienes y servicios de consumo y, dado que se refería a gastos reales, se excluyeron partidas como el autoconsumo, los salarios en especie o, los consumos subvencionados como los sanitarios o los educacionales, también quedaron excluidos aquellos que suponen gastos en inversión como la compra de una vivienda.. A partir de esa encuesta el INE creó el IPC base 1992, es decir que se tomaban como referencia los precios de 1992 para medir la evolución de los mismos durante el periodo de vigencia, que se estableció desde Enero de 1993.
El INE adoptó la mayoría de las recomendaciones internacionales para el cálculo del IPC y, con ello, dejó atrás aquellos días en los que el Gobierno hacía bajar la inflación gracias a la importación masiva de pollo. Dado que el pollo tenía una gran importancia para el cálculo del IPC, si éste bajaba, la inflación también bajaba. Y, cuando la inflación subía más de lo que el gobierno esperaba, éste, no dudaba en importar masivamente pollos con los que dar nuevas alas a las previsiones económicas oficiales.
Sin embargo, con el fin de proporcionar una medida común de la inflación que permita realizar comparaciones internacionales y examinar, así, el cumplimiento que en esta materia exige el Tratado de Maastricht para la entrada en la Unión Monetaria Europea, se decidió crear un IPCA: Índice de Precios de Consumo Armonizado.
Durante 1996, la Comisión de trabajo de Eurostat, en colaboración con los Estados Miembros, crearon, para poder aplicar los criterios de convergencia, una serie de IPCs para cada país, que se basaron íntegramente en los datos de los IPCs nacionales existentes y excluyendo una serie de cosas como la Vivienda en Propiedad, los servicios de Sanidad Pública y Educación Obligatoria y, en algunas casos, no se incluyen todos los gatos como en el caso de los Seguros, para los que sólo se consideran los gastos ligados a las primas netas, los Automóviles, de los cuales se elimina los gastos correspondientes a ventas entre consumidores, o los Medicamentos y productos farmacéuticos, que sólo incluyen los no subvencionados. Así mismo se decidió ampliar de ocho a 12 el número de grupos representativos del conjunto del consumo (ver La Tarta del IPCA) y homogeneizaron los aspectos metodológicos más importantes de cada uno de los IPCs para hacerlos comparables. A partir de marzo de 1997, el INE hizo públicos los primeros datos sobre el IPCA que hacían referencia a enero de 1997, tomando como referencia base 1996.
Dado que los IPCs clásicos son en
muchas ocasiones criticados por estar desfasados en cuanto a los productos
que componen la cesta (en algunos casos no incluyen ordenadores o teléfonos
móviles). Para evitar que los IPCA posean este defecto, el Reglamento
de la Comisión fijó el siguiente criterio: En general, los
nuevos productos serán incorporados en el índice cuando tengan
un volumen de ventas superior al 1 por mil del total del gasto de la cesta
de la compra nacional de los consumidores, siendo Eurostat el encargado
de informar al resto de los Estados miembros sobre los cambios por introducción
de nuevos productos en la cesta que se produzcan en cada uno de los IPCA
de cada país.
LA EVOLUCIÓN DEL IPC Y DE LA INFLACIÓN EN 1998
Durante 1998 la inflación bajó hasta cuotas no vistas en los últimos 30 años, si bien en la economía española asistíamos a tasas de crecimiento del PIB real elevadas, un 3, 8%, aumentando así el ritmo de creación de puestos de trabajo y reduciéndose la tasa de paro hasta cotas que no se registraban desde hace seis años. El crecimiento de la demanda interna se situó en el 4,9%, motivado por una mayor inversión, un 9% que el año anterior, un crecimiento del consumo privado del 3,8% y, un aumento del 1,6% del consumo público esto, unido a una mayor productividad nacional, y a un aumento de la renta disponible (lo que se puede gastar). Sin embargo, el hecho de que la crisis financiera internacional fuese ganando en amplitud y alcance, hizo que las importaciones aumentase en un 10,6% y, el que las exportaciones lo hiciesen en tan solo un 7,8%, así mismo, hubo un importante recorte de las ganancias financieras, debido al desplome de los mercados de valores y a la bajada de los tipos de interés reales. Por último, la desaceleración en cuanto al crecimiento de los salarios y la asusencia de tensiones monetarias, hicieron posible esta estabilidad. Finalmente, el déficit del Estado se sitúo en el 1,4% del PIB, -el déficit público más bajo de toda la historia-, confirmando así el buen momento macroeconómico por el que pasa España.
En cuanto al IPC, la continua bajada del precio internacional de las materias primas en torno a un 15%, de los alimentos en cerca de un 18% y de los productos energéticos en casi un 25%, hicieron que el IPC mantuviese un buen comportamiento, las únicas incidencias se produjeron en los meses de julio, debido a la fuerte demanda internacional de nuestro sector turístico y de ocio, y donde se produjeron subidas de más del 14% y, en agosto que con la escandalosa subida de tarifas de Telefónica, con alzas de hasta un 133% en las llamadas urbanas, hicieron que hubiese importes repuntes inflacionarios.
Para 1999 el Gobierno Español prevee un crecimiento cercano al 4%, una inflación del 1,9 y un déficit público del 1,6%, Según J.R. García Menéndez, profesor titular del departamento de Política Económica de la Universidad de Santiago de Compostela, "las previsiones del Gobierno para 1999 contienen una fuerte dosis de voluntarismo político-económico, sin embargo pecan de un excesivo optimismo. En primer lugar, el empleo condiciona la estabilidad del modelo de crecimiento, puesto que las previsiones de una caída del paro hasta el 17 por ciento, no puede ocultar que estamos ante la mayor tasa de desempleo de la Unión Europea. En segundo lugar, el entorno de globalización de la economía transmite con fluidez el impacto de la actual crisis financiera afectando negativamente a nuestros interlocutores comerciales y a nuestros socios financieros, como el caso de Latino América.
La incertidumbre en los mercados exteriores,
los problemas de adaptación a la moneda única, la lenta disminución
del desempleo y la práctica congelación de las rentas salariales,
entre otros factores, pueden retraer de modo significativo la aportación
de la demanda interna al crecimiento estimado. No obstante, se debe esperar
–si la recesión económica perdura y amplía sus efectos
adversos- caídas de los tipos de interés tanto para abaratar
el coste de las inversiones como para responder a los objetivos fijados
en la convergencia".
La teoría económica nos indica que la inflación, especialmente la imprevista, produce incertidumbre sobre los precios futuros, lo que afecta a las decisiones sobre el gasto, el ahorro y la inversión, ocasionando una asignación deficiente de recursos y, por tanto, dificultando el crecimiento económico.
A pesar de ello en Gran Bretaña, en la década de los 50, se presentó un estudio, que actualmente se conoce como Curva de Phillips, que sugiere que cuanto mayor es la inflación menor es la tasa de desempleo (y, por el contrario, que posible bajar la tasa de inflación incurriendo en un mayor número de desempleados) cuestionando, por tanto, las medidas antiinflacionistas propuestas por los gobiernos.
Por su parte, en 1990, Robert Barro, un destacado profesor de Harvard y miembro del Banco de Inglaterra, publicó un exhaustivo estudio que relacionaba la inflación y el crecimiento de más de 100 países, ricos y pobres, entre los años 1960 y 1990, y llegó a las siguientes conclusiones: Por un lado corroboraba la teoría económica, y determinó que cuando sube la inflación se reduce el crecimiento económico. Sin embargo ésta reducción es muy pequeña, entre un 0,02 y un 0,03 por ciento por cada punto que sube la inflación, lo cual no es especialmente desastroso para un país pero, dado que reducir la inflación es algo costoso en sí mismo, ya que conlleva una pérdida importante, al menos temporal, de producción y de puestos de trabajo, se cuestionaba si la sociedad no estaba pagando un coste social demasiado elevado por reducir de forma prioritaria la inflación.
A pesar de ello la inflación suele ser muy impopular; a los consumidores no les gusta tener que pagar más por un producto de un mes para otro, a pesar de que sus rentas (lo que ganan) se hayan incrementado en la misma cuantía, y ha hecho que los Gobiernos conviertan la contención de la tasa de inflación en uno de los puntos más importantes de su programa político-económico.
Por último cabe decir que en los países desarrollados, la inflación está siendo contenida gracias a los avances tecnológicos, la pérdida de influencia de los sindicatos, a las privatizaciones y a la creciente competencia nacional e internacional, que están haciendo bajar el coste de las materias primas y de los productos energéticos y, por tanto, el precio final de los bienes y servicios producidos, más que a una acertada política antiinflacionista de los gobiernos implicados.
A este respecto, y dentro del marco de la Unión Europea, el profesor J.R. García Menéndez responde lo siguiente: "Tengo la firme convicción de que los fenómenos socioeconómicos de nuestro tiempo, incluidos aquellos que corresponden a las burbujas especulativas como a los más sofisticados ámbitos de la economía virtual, son fenómenos reales del proceso económico aunque se manifiesten con un filtro que Joan Robinson denomina el velo monetario.
El riesgo consiste en confundir las manifestaciones monetarias, como la inflación, con las verdaderas causas de las contradicciones del sistema económico. No cabe duda que los responsables económicos y los agentes en general proponen soluciones consistentes en la manipulación de las variables monetarias pues la política económica puede controlar los mecanismos de transmisión monetaria a corto plazo y demostrar el grado de ejecución de los objetivos fijados.
Quizás fuera más operativo situar a la inflación no tanto como espejo monetario sino centrar la atención en la casuística real que el fenómeno inflacionario refleja: los estrangulamientos del aparato productivo que distorsionan el equilibrio entre oferta y demanda de bienes y servicios, la interesada administración de precios por parte de grupos económicos concertados, la tensa distribución de la renta entre grupos de perceptores, etc.
En este sentido, aún está
por establecer el verdadero coste económico y social del cumplimiento
cualitativo de ciertas metas de convergencia en el complejo proceso de
la unión monetaria y éste vacío es crucial para anticipar
un cálculo coste-beneficio sobre los efectos regionales, sectoriales,
corporativos, competitivos..., con la plena unión monetaria".
Se recogen y procesan cerca de 150.000 precios distintos de 471 artículos diferentes, en 29.000 establecimientos de 130 municipios de toda España, de los cuales 50 son capitales de provincia, 78 municipios no capitales, más Ceuta y Melilla.
La recogida de los precios se realiza entre los días 1 y 22 de cada mes, ambos inclusive. Los establecimientos seleccionados siempre se visitan el mismo día del mes, de modo que la variación reflejada por el índice corresponda perfectamente a una variación mensual.
Los establecimientos tienen que ser del tipo medio o del tipo más frecuentado en la localidad; los de mayor volumen de ventas o de afluencia de clientes y, ofrecer garantía de continuidad en los artículos seleccionados en ellos.
La muestra de establecimientos se mantiene fija a lo largo del tiempo; solamente se sustituyen los establecimientos que cierran, cambian de actividad, pierden representatividad en lo que al consumo realizado en ellos se refiere, y aquellos en los que deja de comercializarse definitivamente el artículo del cual se tomaba el precio.
Cada establecimiento se visita una vez al mes con la excepción de los que informan del precio de los llamados artículos de recogida trimestral - aparatos electroacústicos, electrónicos, muebles, servicios de reparación y, en general, todos aquellos que no representan excesivo número de variaciones de precios a lo largo del tiempo-, para los cuales la recogida de precios en cada establecimiento se realiza cada tres meses. Por el contrario, como los artículos perecederos están sujetos a fluctuaciones importantes de precios, estos se toman tres veces a lo largo del mes en cada uno de los establecimientos seleccionados en las capitales de provincia, aunque sólo una vez en los establecimientos del resto de los municipios.
Los precios recogidos son los efectivos de venta al público con pago al contado. No se tienen en cuenta los correspondientes a mercancías defectuosas, liquidaciones, saldos, rebajas u ofertas, a no ser que estas se hagan de forma generalizada en todos los establecimientos de la localidad y tengan una duración mínima de dos meses.
Se calculan índices para España, las diecisiete Comunidades Autónomas, las cincuenta provincias, Ceuta, Melilla y, para la agrupación formada por estas dos ciudades.
Todos los sistemas basan el cálculo
de éste índice en la fórmula Laspeyres, que es un
índice complejo que expresa, con un único dato, la variación
de los componentes que lo integran a lo largo del tiempo, ponderando cada
uno de ellos según su importancia.
Suele utilizarse como medida de la inflación. Señalando, de este modo, la pérdida de poder adquisitivo que sufren los agentes económicos por la subida de los precios de los bienes y servicios destinados al consumo.
Arrendamiento de inmuebles. Según la Ley de Arrendamientos Urbanos, durante los cinco primeros años de duración del contrato la renta sólo podrá ser actualizada basándose en lo que suba el IPC del año anterior.
Negociación salarial y pensiones. El gobierno suele actualizar el Salario Mínimo Interprofesional, las pensiones o, los sueldos de los funcionarios públicos, subiéndolos en la medida en que fije sus previsiones de crecimiento de la inflación. Por su parte los incrementos salariales pactados en negociación colectiva, se hacen en función de la tasa de inflación prevista sobre la base del IPC. En algunos Convenios Colectivos existe una cláusula de salvaguarda, que permite una mayor subida de los salarios, caso de que la inflación sea mayor de lo esperado.
Declaración de la renta. El Ministerio de Hacienda suele deflactar cada año la declaración de la renta en lo que haya subido la inflación. Ello supone aumentar las deducciones y las cantidades a cada tramo contributivo, puesto que los contribuyentes, al subir los precios, necesitan más dinero (en términos monetarios) para comprar las mismas cosas.
En las finanzas. Cuando sube la inflación
suben los tipos de interés, por tanto, aquellos que tengan una hipoteca
con un tipo de interés variable, verán aumentar lo que tienen
que pagar a su banco cada mes. Los consumidores piden menos créditos
para comprar cosas y las empresas también pedirán menos créditos
para inversiones. Como consecuencia de ello, las empresas venderán
menos y bajarán sus beneficios y, a la vez, los ahorradores meterán
su dinero en renta fija, debido al alto interés que perciben por
su dinero y, por lo tanto, la Bolsa terminará bajando. Si la inflación
es baja, sucede lo contrario.
Índice de Precios de Consumo. Monografía
Técnica. Base 1992. INE, Madrid, 1992.
Índice de Precios de Consumo. Monografía
Técnica. Base 1996. INE, Madrid, 1998.
Informe sobre la Inflación. Banco
de España. Madrid, 1998.
http://www.ine.es
Instituto Nacional de Estadística.
http://www.bde.es
Banco de España.
http://europa.eu.int/en/comm/eurostat
Estadísticas Oficiales de la Unión Europea.
Luis Ordoñez Gonçalves,
Marzo 1999 g027271002@abonados.cplus.es
