La despenalización del narcotráfico (III)

Tomando en cuenta que el "boom" del narcotráfico floreció en los regímenes militares de la década del 70 y las Fuerzas Armadas de la Nación monopolizaban las reparticiones públicas, la lucha siempre estuvo a cargo de la institución armada. 

Pero, no sólo está el hecho circunstancial de que monopolizaba la administración del Estado, sino que, por su propia naturaleza y en los últimos tiempos por la presión de la Casa Blanca, la guerra contra el narcotráfico ha estado en manos de los militares. 

Por ello, todos los gobiernos de facto promulgaron los "Decreto Ley", instrumentos jurídicos que, en ausencia del Congreso Nacional, tratan de sustituir las leyes. Banzer (1971-1978), promulgó dos Decretos Leyes: el uno Nº 11245 de 20 de diciembre de 1973 y el otro Nº 14203 de 17 de diciembre de 1976 para luchar contra el narcotráfico. 

La primera ley formal es del 10 de enero de 1962, que, sumado a los referidos decretos, desnuda el "boom" del narcotráfico en la década del 60 y 70. En sus orígenes la lucha estaba en manos de la INTERPOL, dependiente del Comando Nacional de la Policía y del Ministerio del Interior. 

El ingreso de los "asesores norteamericanos" y la propia DEA está amparada en convenios de la década del 60, (abril de 1962) -gobierno del MNR- ampliando esta presencia en los últimos tiempos. 

Los partidos políticos nunca se han puesto de acuerdo sobre si el ingreso de tropas necesita o no autorización congresal, no obstante que el inciso 15 del art. 59 de la Constitución Política del Estado establece: "Permitir el transito de tropas extranjeras por el territorio de la República, determinando el tiempo de su permanencia" 

Mientras los parlamentarios discuten si los llamados "asesores" son o no tropas, miembros del Ejército de los Estados Unidos llegan en grandes aviones Galaxy con abundantes pertrechos, se instalan, inspeccionan y prestan adiestramiento militar a sus pares bolivianos. 

Cada vez las idas y venidas aumentan; dentro de poco las venidas serán en número mayor que las idas, como parte de la estrategia de baja intensidad. El CEDIB (7) , año 2, No. 22 agosto 1992 sostiene que "los motivos de este nuevo rumbo del rol de los ejércitos nacionales, regionales, norteamericanos y multinacionales, merecen análisis profundos, que sean conocidos por la opinión publica, porque ronda en los Andes un ejército que no es de acá y en tantas idas y venidas se puede quedar". 

Los convenios de asistencia (Plan Trienal, Plan Bennet, Declaración de Cartagena y San Antonio, Anexos I, II y III, Iniciativas para las Américas, Tratado de Extradición, Iniciativa Andina, etc.) son una consecuencia de que en la década del 60 (guerrilla de Ernesto Che Guevara), 70 y 80 estaba de moda la "Doctrina de la Seguridad Nacional y de ia Defensa Ampliada" 

La defensa exterior del país quedaba en manos de los Estados Unidos, mientras que el Ejército Nacional debía dedicarse a combatir al "enemigo interno": primero, el "castro comunismo" y luego, hasta nuestros días, el narcotráfico. 

En el gobierno de García Meza (1980-1981), las cosas cambiaron radicalmente: la lucha pasó a depender directamente de la Presidencia de la República y el narcotráfico llegó a infiltrarse en el Estado Nacional. 

Cabe recordar a Ramos, cuando sostiene que Bolivia ha estado signada por "trágicos acontecimientos, pero nunca había sido sometida a narcotraficante internacionales convertidos en hombres de estado, que tienen a su merced la vida y la honra de todos los bolivianos. Su presencia en los niveles máximos de decisión hace muy difícil diferenciar a los militares que participaron por disciplina y aquellos que forman parte de la mafia" 

(Op. Cit., p. 56). 

Las informaciones muestran que se habría institucionalizado el gran supermercado de la cocaína en Bolivia. 

En 1973 se creó por primera vez la Dirección Nacional de Control de Sustancias Peligrosas y el 11 de marzo de 1981, cambió a Consejo Nacional de Lucha contra el Narcotráfico. Referente a las FFAA., los autores Canelas sostienen que "fue un error que la Dirección Nacional de Sustancias Peligrosas fuera encomendada primero a un oficial de la Fuerza Aérea, después a un Capitán de Fragata y finalmente a un Teniente Coronel del Ejército" (Op. Cit., p. 420). 

Sobre el fracasado Plan Quinquenal 1982-1987, Amado Canelas dice que el Tcnl. Raúl González Terry, "padecía de lo que en Bolivia se conoce come "síndrome de Barrientos" (Presidente de la República 1964-1969), el mismo que lleva al militar que ocupa una función publica, sea la Presidencia de la República, una Gerencia o una Dirección Ejecutiva, a estar más tiempo de viaje que atendiendo sus deberes desde el escritorio, que parece resultarle molesto y hasta originarle urticaria o hemorroides" (Ibid, p. 300) 

Agrega que el gobernante militar pese a entender el problema termina imponiendo su formación castrense, porque confunde al civil con el soldado y dispone entonces todo lo contrario, "salga pato o gallareta, porque para algo él es el comandante y no tiene que rendir cuenta a nadie, puesto que el pueblo es, en su criterio, una entelequia, y la responsabilidad histórica una abstracción de filósofos y tontos", (ídem). 

Es importante subrayar que, con algunos intervalos, primero la Dirección y luego la Comandancia de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, ha estado en manos del Ejercito. Estos son los antecedentes de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008) que, ademas autoriza en el art. 135 la participación de las Fuerzas Armadas de la Nación en la lucha contra el narcotráfico. 

El art. 133 de la 1008 establece que el "Consejo Nacional de Control de Uso Indebido y Trafico Ilícito de Drogas, está conformado por los Ministros de Relaciones Exteriores y Culto; Interior, Migración y Justicia; Planeamiento y Coordinación; Asuntos Campesinos y Agropecuarios; Precisión Social y Salud Publica; Educación y Cultura; Defensa Nacional; Finanzas y Aeronáutica". 

El Consejo delega la parte operativa a la Fuerza Especial que, según su Estatuto Orgánico "tiene por misión fundamental cumplir y ejecutar las políticas de prevención, interdicción y regresión de la elaboración, tráfico, y consume de sustancias controladas y de toda otra actividad ilícita relacionada con el narcotráfico" 

El inciso a), del art 3 del mismo Estatuto, establece que la FELCN la integra "personal proveniente de las Fuerzas Armadas de la Nación y de la Policía Nacional, conforme a disposiciones legales vigentes"; y que el Comandante "será designado por el Sr. Ministro del Interior, Migración, Justicia y Defensa Social, siendo requisitos indispensables para el ejercicio del cargo: ser boliviano de nacimiento, pertenecer al Servicio Pasivo o de Reserva Activa y ser Diplomado de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la Nación, poseer condiciones de mando y de administración y ser hábil por derecho" 

No cabe duda que la "militarización" se encuentra primero en varios convenios internacionales y luego en la Ley 1008 y si hasta el momento sólo existe una participación relativamente pequeña -reiteramos-, que el ingreso masivo depende de la presión de la Casa Blanca. 

Pasada la tormenta de García Meza y Arce Gómez, los gobiernos que le sucedieron, estaban preocupados por la "cuarentena internacional" y buscaban la forma de reanudar relaciones con Estados Unidos. La Casa Blanca patrocinó la defenestración de los golpistas, y exigió "muestras reales" en la erradicación de la coca y la lucha contra el narcotráfico. 

En abril de 1982 comenzó uno de los primeros operativos en el que participaron cinco compañías del Ejército, con apoyo de las Fuerza Área y la Policía de Narcóticos. Esta incursión fue planificada por el Consejo Nacional de la Lucha contra el Narcotráfico y aprobada por el ex-Secretario Adjunto del Departamento de Estado para el Control de Narcóticos, Dominick Di Carlo. 

Según el instituto europeo IEPALA "se desarrolló simultáneamente en el área de influencia del Río Ichilo y en la región de Puerto Grether, abarcando una extensión de 1.100 kilómetros cuadrados y participaron en ella efectivos de la Séptima y la Octava División, así como el Regimiento Ránger, Manchego", (Op. Cit., p. 155). 

En ese operativo, "se encontraron 283 pozos de maceración de coca y fueron destruidas 30 fábricas de cocaína. En la región de Yapacaní y de Puerto Grether causó gran preocupación la constatación de que se estaban usando herbicidas para matar las plantas. Según las primeras denuncias de algunos periodistas, se trataba del herbicida "2-4ST" que Estados Unidos utilizó en la guerra del Vietnam para destruir las selvas y denominado popularmente como "Agente Naranja". (Ídem). 

En julio de 1984, el gobierno de la Unidad Democrática y Popular (1982-1985), igualmente presionado, mediante Decreto declara zona militar a toda la región del Chapare que, por aquel entonces, según los medios de comunicación social, estaba convertida en territorio libre donde los narcotraficantes se regían por la "ley del revólver". Se encomendó a las FFAA. y Policía, los siguientes objetivos: 

- Proteger la vida y seguridad de todos los habitantes del Chapare. 

- Protección de la propiedad rural, instalaciones y maquinarias legales. 

- Control de extranjeros y detección de los indocumentados. 

- Incautación de fábricas de cocaína, insumos, materia prima, vehículos, armas, etc. 

- Apresamiento de grupos irregulares que ofrezcan resistencia. 

- Apoyo y protección a las obras de desarrollo iniciadas en la zona. 

El Comandante informaba que "de acuerdo al plan de operaciones realizado por la fuerza de la tarea conjunta, en la fecha se dio inicio a la lucha contra el narcotráfico enmarcado en el Auto de Buen Gobierno dictado por este Comando. En consecuencia, queda bajo control militar la Provincia del Chapare, Carrasco, Arani y la Provincia Ichilo, del Departamento de Santa Cruz" (Op. Cit., volumen II, p. 172). 

Cabe destacar que la ocupación militar del Chapare fue autorizada, después de varias visitas de la polémica ex-Senadora norteamericana Paula Hawkins, conocida en el ámbito nacional por su posición dura contra los productores de coca. 

IEPALA agrega que "tropas dependientes de la Séptima División Aerotransportada, el Regimiento Barrientos 26 de Infantería, el Regimiento Manchego y grupos de la Armada iniciaron a las I4:30 horas del día 10 un avance simultáneo sobre Villa Tunari, Shinahota, Chimoré, Ivirgarzama y otros centros del Chapare donde se estuvo fabricando y comercializando la cocaína. El movimiento de los efectivos militares partió de diversos puntos: El CITE salió de la ciudad de Cochabamba; el regimiento Barrientos de Colomi; el Regimiento Manchego y la Armada de Puerto Villarroel. Una columna de camiones caimanes trasladó aproximadamente a 450 efectivos a Villa Tunari. Las tropas de Puerto Villarroel se dirigieron hacia Shinahota, Chimoré e Ivirgarzama", (Ídem). 

Los resistidos operativos militares estuvieron acompañados de abusos contra los campesinos, quienes denunciaron a Derechos Humanos, el Parlamento y la Iglesia Católica. Al poco tiempo se retiraron frustrados porque no erradicaron coca ni detuvieron narcotraficantes. Pero, valió la pena incursionar a las FFAA.?. El caso de Colombia es típico ya que no han salido victoriosas y han contribuido a los asesinatos de connotados lideres políticos, periodistas, jueces, etc. 

La violencia sólo engendra violencia. 
 
 

1.- LA LUCHA CONDUCIDA POR ESTADOS UNIDOS. 

Los Estados Unidos, pese a su poderío económico, militar, tecnológico y a su vocación hegemónica, perdieron la guerra de Vietnam y están perdiendo la del narcotráfico. 

Desde sus inicios, el gobierno norteamericano estableció qué se debe entender por drogas, donde y cómo se debe reprimir el delito llamado narcotráfico, que medios utilizar, con que recursos y cuando deben hacerse los desembolsos financieros. 

También ha establecido cuando y cómo condicionar la cooperación internacional, que convenios deben firmar los gobernantes productores de hoja de coca y de cocaína, qué examen y qué nota poner. Pero, no sólo definen el cómo, sino que, en los últimos años, cada 1ro. de marzo, califican unilateralmente el estado de la lucha contra el narcotráfico, y aplican sanciones cuando no están conformes. 

El Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África (IEPALA), sostiene que "este es un problema netamente norteamericano, por cuanto las mafias principales son manejadas por norteamericanos, los grandes especuladores son norteamericanos; los laboratorios son inventados, manejados y reparados por norteamericanos; los consumidores son norteamericanos". (Op. Cit., p. 145). 

Por ello, los fracasos que hoy pueden palparse, no son de Bolivia, Perú o Colombia, sino del propio país del Norte. Cabe destacar que los gastos norteamericanos en la lucha contra las drogas, según Milton Friedman, alcanzan a 21.000 millones de dólares por año. 

Según Michael Levine, (1994, 425) "parece que todos los departamentos del gobierno federal toman parte de ésta, DEA, FBI, CIA, NSA, IRS, DIA, ATF el Departamento de Estado, el Pentágono, Aduanas, el Servicio de Guardacostas, el Ejercito, la Fuerza Naval, la Fuerza Aérea, la Infantería de Marina; y cada uno lucha por obtener mayor campo de acción y una porción mayor del presupuesto para la guerra antidroga". 

El ex-agente de la DEA en su libro con el titulo sugestivo de "La guerra falsa", revela los intereses oscuros que existen en los altos niveles de la Casa Blanca. Sostiene además que, a titulo de luchar contra los movimientos populares e izquierdistas de otras épocas, la CIA habría participado en los golpes de Banzer Suárez (1971-1978) y de los "narcodólares" de García Meza y Arce Gómez (1980-1981). 

Con relación a la CIA, ahora a la cabeza de esta lucha, Levine sostiene: "dí suficiente evidencia para que un equipo de reporteros llegara a la conclusión, como yo mismo había llegado, de que los narcotraficantes bolivianos, tomaron el poder (17 de julio de 1980) porque intereses creados en los Estados Unidos así lo querían. No incluí evidencia de In participación de la CIA en el Golpe de la Cocaína, porque la Agencia y la policía secreta argentina estaban muy cerca mío. Me podía convertir fácilmente en uno de los desaparecidos " (Ídem, 91). 

Agrega que, "en la Argentina me di cuenta de que la guerra contra las drogas, con la que había estado casado los últimos 13 años era una puta infiel que me había engañado desde el primer día", (Ídem, 9). Y que "en su constante búsqueda de información e influencia, la CIA frecuentemente protege a aquellas personas poderosas que la DEA busca por actividades criminales... y la información tiene precedencia sobre el cumplimiento de la ley. El criminal con buenas conexiones, es intocable mientras provea información a los Estados Unidos y drogas a sus ciudadanos". (Ídem, p. 109). 

Cabe preguntarse ahora, ¿fue confiado en esa denuncia da protección, que Arce Gómez, sindicado el "Ministro de la cocaína", tuvo la osadía de poner flores en la tumba del Soldado desconocido en EE.UU.?. ¿Cuál sera ahora la opinión de la Casa Blanca, al conocerse que los "luchadores contra los izquierdistas", Banzer y García Meza, permitieron el negocio de la cocaína"? 

Y lo más importante: ¿qué sentido tiene exigirnos aquellas políticas que ya han fracasado?. Tómese en cuenta que Estados Unidos tiene la capacidad económica, logística y tecnológica para llegar a la Luna desde 1969, pero este país ha sido incapaz de controlar sus fronteras por donde ingresa la cocaína. 

Con el pretexto de combatir el "castro-comunista", han patrocinado regímenes militares no solo en Bolivia, sino en la mayoría de los países latinoamericanos y centroamericanos. 

Coletta Youngers y John Walsh, de la Comisión Andina de Juristas (1989, 345) sostienen que "el gobierno de los Estados Unidos auspició relaciones con oficiales militares hondureños vinculados con operaciones de narcotráfico y, flagrantemente, mantuvo al General Manuel Antonio Noriega de Panamá en la nomina de la CIA, años después de que sus relaciones con los señores de la droga de Medellín eran de conocimiento público. Ciertas pruebas sugieren que los Contras de Nicaragua obtuvieron fondos a través del narcotráfico. La CIA y otros altos funcionarios de la administración en los Estados Unidos tuvieron conocimiento sobre la relación entre miembros de "la Contra" y traficantes de drogas y algunos, de hecho, han llegado a proponer al dinero proveniente de las drogas como la solución a sus problemas financieros". 

Con motivo de las investigaciones congresales del triple asesinato en Huanchaca, septiembre de 1986, transcendió que el alto mando militar norteamericano y la DEA habrían protegido a los autores del crimen y que la CIA financiaba a la Contra nicaragüense con dineros provenientes de la droga. 

El que esté libre de culpa que tire la primera piedra. Los EE.UU. son el mercado más grande de consumidores de drogas y productor de precursores químicos, y por ello no pueden exigirnos responsabilidades aisladas. La doble moral o imposición de políticas que ellos permiten, ha llegado al extremo de juzgar parcializadamente la ejecución los programas antidrogas. 

Hemos establecido que la asistencia militar de EE.UU. a América Latina data de la "Doctrina de la Seguridad Nacional y de la Defensa Ampliada" o tiempos de la "guerra fría" y tuvo su razón de ser mientras la URSS era la superpotencia rival. El problema surgió cuando la Perestroika ocasiona el colapso del marxismo - leninismo, pues a raíz de ello se hace necesario reformular el empleo del poderío militar norteamericano. 

Con la caída del Muro de Berlín se desplomaron viejas utopias y se perdieron fuentes de empleo y se cuestionó el papel de los organismos de regresión e investigación especializada de los EE.UU., por lo cual estos volcaron sus fuerzas contra el narcotráfico y el terrorismo. La CIA ahora ya no se ocupa de encumbrar y derrocar dictadores o de perseguir a quienes leen a Marx o Lenin, sino que está a la cabeza de la lucha contra las drogas. 

En enero de 1996, el Director de la CIA John Deutch, realizó una breve visita a Bolivia y aunque las autoridades trataron de presentarla come una visita de cortesía, los medios de comunicación se encargaron de desmentir al gobierno: Deutch llegó a tomar examen en materia de drogas. Concluyendo su estadía, a regañadientes "elogió los esfuerzos de Bolivia en la lucha contra el narcotráfico y comentó al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada que el país está entre las naciones más eficientes tanto en el aspecto táctico como estratégico". 

A raíz de la extinción de los regímenes socialistas, las fuerzas militares de EE.UU. se volcaron contra el enemigo más escurridizo de todos los tiempos: el narcotráfico. Ni siquiera la guerra del Golfo Pérsico les ha preocupado tanto. En 1990, poco antes de la invasión de Iraq a Kuwait, el Gral. Maxwell Thurman, en ese tiempo Comandante en Jefe del Comando Sur, calificó a la Guerra contra las Drogas, como la "única guerra que nos queda por librar". 

La guerra contra las drogas es el conflicto más largo de este siglo: lleva más tiempo que la Primera y Segunda Guerra Mundial, Corea y Vietnam juntos. 

La venezolana Rosa del Olmo de la Comisión Andina de Juristas (1994, 180), sostiene que "el 6 de marzo de 1981, el presidente Ronald Reagan calificó el abuso de drogas como uno de los más graves problemas que enfrentamos... de no actuar corremos el riesgo de perder una gran parte de toda una generación". 

La calificación se basaba en las cifras de la Estrategia Nacional para la Prevención del Abuse y el Tráfico de Drogas en que "más de 20 millones de norteamericanos consumen marihuana, al menos una vez por mes. Más de 4 millones -de los cuales la mitad tienen entre 18 y 25 años- son consumidores corrientes de cocaína. Aproximadamente medio millón son adictos a la heroína". (Ídem). 

Mientras en 1981, los consumidores alcanzaban a cuatro millones, pese a todos los experimentos, en 1996 subieron a siete, según lo reveló el boliviano Luis Amado Pacheco, caso el "Narcoavión" que luego analizaremos. 

La estrategia del ex-presidente George Bush, según la criminóloga Rosa del Olmo sostenía que "las operaciones de los carteles de la droga y las insurgencias locales asociadas a ellos, son un peligro actual y real a: Las instituciones democráticas, las economías nacionales y el orden cívico básico... y como nuestra seguridad nacional depende directamente de la estabilidad regional, a lo largo de las Américas y del mundo, las drogas se han convertido en una preocupación central de la política exterior de Estados Unidos " (Ídem, p. 181). 

Al incorporar el binomio país victima/país victimario y más tarde, el ingrediente de la responsabilidad compartida, las drogas para EE.UU, se han convertido en un problema geopolítico que amenaza la estabilidad y seguridad global. Lo más censurable de Washington es que pretende hacer prevalecer la "militarización" en los países productores de coca. 

En 1990, el Senado de EE.UU. autorizó la incursión de las FFAA. contra el narcotráfico en América Latina, cuyo antecedente es la Ley Antidrogas de 1986, que condiciona la ayuda económica según el avance de la lucha, mediante la certificación a 31 países que están en la lista roja. 
 
 
 
 

2.- NUEVA DOCTRINA DE SEGURIDAD NACIONAL PARA EL HEMISFERIO.  

Durante la administración de Ronald Reagan (1981-1989), aumentó vertiginosamente el consume de drogas. Por ello, se establecieron planes contra el narcotráfico, incluso la conformación de una sola fuerza continental o multinacional con la participación de la DEA, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), y las policías de países europeos, México y Sudamérica. 

El ex-presidente del Consejo Nacional Contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas, Guillermo Bedregal y Viscarra afirman "que para librar una guerra de verdad contra la droga en los Estados Unidos de América, se necesitará 21.000 millones de dólares, 90 batallones de infantería, 50 compañías de helicópteros, 110 aviones espías tipo AWC, 54.000 soldados, 30 aviones Hawkey, 90 aviones P-3, cincuenta globos con radar, 1.000 aviones regulares de combate y 160 cruceros y destructores. También se debería quintuplicar el número de agentes de Ia DEA." (Op. Cit., p. 357). 

Agregan que la Sra. Nancy Reagan, en la Asamblea General de las Naciones Unidas del 25 de octubre de 1988, señaló: "No voy a culpar a otros países por el problema de la droga en los Estados Unidos... Es mucho más fácil para Estados Unidos poner la mira en las plantaciones de coca que cultivan 300 mil campesinos peruanos, que encerrar al distribuidor que podemos encontrar en las esquinas de nuestras ciudades". (Ídem, p. 362). 

En las postrimerías del mandate de Reagan se aprobó la "Estrategia Internacional Norteamericana", con los siguientes objetivos: 

Reducir la cantidad de cocina, heroína, marihuana que entra a Estados Unidos 

Disminuir la tolerancia de las drogas ilícitas y estimular el respaldo a un control mundial efectivo de los narcóticos a través de iniciativas de diplomacia pública. 

Eliminar las principales redes del narcotráfico y los carteles mediante crecientes incautaciones y arrestos, encausamientos y confiscación de bienes; y 

Obtener una creciente cooperación internacional en cuestiones mundiales de narcóticos a través de iniciativas diplomáticas y de programas. (Ibídem, p. 363). 

El ex-Procurador General de los Estados Unidos, Dick Thornbugh, en la publicación "La Droga enemigo número uno" (1991,15), sostiene que la Estrategia, se divide en cuatro aspectos esenciales: 

I) "dedicar el máximo esfuerzo a combatir el narcotráfico en las países productores de droga; 

2) establecer acuerdos bilaterales para la mutua cooperación; 

3) promover actividades regionales y multilaterales en el campo de la lucha contra la droga, y 

4) dedicar el mayor esfuerzo internacional, a través de una red mundial, para la lucha contra el tráfico de drogas y el blanqueo de dinero" 

Mientras se hacen estos esfuerzos estériles, la opinión pública americana cuestiona ¿por qué el Servicio de Aduanas, Guardacostas, la DEA, el FBI y los otros organismos, habiendo hecho gala de su potencialidad, no pueden controlar el narcotráfico?. ¿Cómo es posible que EE.UU. controle la Luna y no pueda hacerlo con sus fronteras por donde ingresa la cocaína?. 

En realidad, uno de los intentos mis series de Reagan en esta materia, es lo propuesto en el Proyecto de Ley General Contra las Drogas de 1988, del que por su importancia, resumimos de Bedregal y Viscarra lo siguiente: 

- Autorizar 101 millones de dólares en 1989 para programas internacionales de control de narcotráficos. 

- Ordenar al Embajador de los Estados Unidos de América ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), gestione la formación de un grupo multinacional que realice operaciones contra el trafico internacional de drogas ilegales. 

- Asignar un millón de dolares para armamento defensivo y helicópteros y aeronaves que Estados Unidos de América ha proporcionado a otros países para utilizarlos en las campan"as de interdicción de narcotices. 

- Asignar dos millones de dólares para la capacitación de agencias de ejecución de la ley de otros países. El proyecto también asigna 3.5 millones de dólares para la adquisición de armamento, munición y otros suministros. 

- Permitir al Presidente transferir fondos de ayuda exterior retenidos debido al incumplimiento por un. par de ciertas normas contra los narcóticos para que puedan utilizarlos otros países que cumplan las normas. 

- Vigilar el estricto cumplimiento de las Limitaciones impuestas por el Congreso en años previos sobre ayuda a Bolivia. 

- El proyecto de ley asigna 5 millones de dólares en ayuda económica a Colombia para proporcionar protección contra los ataques narcoterroristas contra jueces, funcionarios gubernamentales y periodistas. 

- Ampliar la lista de cuestiones que el Presidente informará al Congreso sobre el grado de cooperación en la lucha contra los narcóticos por los países que son importantes productores o puntos de transito de narcóticos. Si el Presidente no puede efectuar la certificación requerida para un determinado país, ha de suspender toda la ayuda norteamericana a ese país y ordenar a los representantes de Estados Unidos en los bancos multilaterales que voten contra los prestamos de dicho país. 

- El Secretario de Estado informará al Congreso, a más tardar el 1 de octubre de cada año, acerca de los países que afrontarían sanciones en virtud de la Ley de Asistencia Exterior. 

- Permitir a la Secretaría de Estado ofrecer recompensas por información concerniente a delitos relacionados con los narcóticos, cometidos fuera de Estados Unidos. 

- Denegar la revalidación del pasaporte a toda persona condenada por delito mayor federal o estatal relacionado con las drogas y a quien haya utilizado un pasaporte o cruzado una frontera internacional para la comisión de dicho delito. El delincuente no será elegible para recibir un pasaporte mientras que esté en prisión o mientras que legalmente se le exige estar en prisión o esté en régimen de libertad condicional u otro régimen de libertad supervisada después de haber estado encarcelado come resultado de su condena. 

- Exigir que la Secretaria de Estado, el Servicio de Aduanas y el Servicio de Inmigración y Naturalización presenten un plan detallado de ejecución sobre como establecer un programa de seguridad fronteriza. 

- El Secretario de Hacienda negociará con los ministros exteriores de finanzas el establecimiento de una agencia internacional de control monetario para fomentar la adopción de leyes uniformes sobre transacciones de dinero y lavado de dinero. 

- Establecer negociaciones internacionales con bancos exteriores y otras instituciones financieras para mantener registros adecuados de transacciones monetarias grandes en Estados Unidos y establecer un procedimiento para poner dichos registros a disposición de los agentes de ejecución de las leyes de Estados Unidos. 

- Si el Secretario de Hacienda determina que las instituciones financieras de un país extranjero participan sustancialmente en lavado de dinero internacional y el país no está negociando de buena fe, el presidente puede imponer sanciones. 

- Las instituciones financieras de otros países que mantengan registros adecuados, incluyendo la identidad y ocupación de toda persona que haga transacciones financieras en exceso de 10.000 dólares, están exentas de sanciones. 

- Permitir la venta de artículos o servicios de defensa, si el Presidente determina que son para actividades de lucha contra los narcóticos ". (Op. Cit., p. 365-368). 

La administración de George Bush (1989-1993) no modificó las lineas maestras establecidas desde la década del 80. Cabe destacar cierta flexibilidad con relación, por ejemplo, al desarrollo alternativo y la responsabilidad compartida que siempre reclamaron Bolivia, Perú y Colombia. 

La apertura de Bush se exteriorizó en la Cumbre de Cartagena de Indias, Colombia, del 15 de febrero de 1990 (George Bush, Alan García, Virgilio Barco y Jaime Paz Zamora) y de San Antonio de Texas (EE.UU.), del 26 y 27 de febrero de 1992. 

En octubre de 1989, Paz Zamora lanzó en las Naciones Unidas la tesis "Coca por Desarrollo" y fue la primera vez que se encontró con Bush destacándose la siguiente anécdota: Bush le preguntó a Pat como le iba en su lucha contra las drogas y la respuesta fue: "igual que a usted presidente: mal". 

Ambas Cumbres fueron precedidas de agotadoras reuniones de Diplomáticos, Ministros y Jefes antinarcóticos. Generaron documentos valiosos destacándose el reconocimiento de la responsabilidad compartida y la combinación entre la represión y el desarrollo alternativo. 

Propusieron la creación de una fuerza supranacional y un nuevo Plan Marshall, capaz de movilizar los recursos económicos para la ejecución del desarrollo alternativo, la interdicción y la reducción del consumo. Las cosas parecían cambiar para los Andes, pero en 1992 llegó a la Casa Blanca 

Bill Clinton, y se terminaron las cumbres antinarcóticos. Los demócratas han endurecido sus posiciones y ya tienen su propia estrategia, aunque los resultados han sido fracaso y frustración. 

Los periodistas Gerardo Irusta y Edwin Miranda (1995, 157), sostienen "que está vigente una Nueva Doctrina de Seguridad Nacional para el Hemisferio. La anterior, aprobada al calor de la Guerra Fría y poco después de la Segunda Guerra Mundial, conocida con el nombre de Doctrina de Seguridad Nacional y de claro combate al comunismo, ha durado cerca 

de cincuenta años. Nada nos hace dudar que esta nueva Doctrina, puede durar más o menos ese tiempo por una sencilla razón: Estados Unidos siempre define sus lineas maestras cuando menos para un cuarto de Siglo y jamás por cinco o diez años." 

En la Cumbre de las Américas de Miami, (EE.UU.) de 1994, acordaron "poner énfasis especial en las relaciones militares para expandir y ahondar contactos con organizaciones 

de defensa en la región. Estos incluyen: los ejercicios combinados, programas de adiestramiento, asistencia de seguridad, profesionalidad militar y educación civil, proyectos humanitarios de ayuda, participación en misiones para guardar la paz internacionales, la información y planificación de articulación compartida y ayuda en la transferencia de experiencia. Ninguno de estos medios será único para la región, pero en este hemisferio ellos son claves para consolidar las relaciones vecinas". (Ídem, p. 162). 

La Cumbre de Miami  (8) debe repetirse en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) a fines de 1996, con los siguientes objetivos estratégicos: 

- apoyar el compromiso a normas democráticas en la región, incluyendo el control civil en materia de defensa, relaciones constructivas de civiles y militares y respeto para los derechos humanos, 

- fomentar la resolución pacífica de disputas, diafanidad de trabajos y gastos militares y desarrollo de confianza y seguridad mutuas, apropiadas a la región; 

- asumir responsabilidades del Tratado del Canal de Panamá y colaborar con el Gobierno de Panamá en dirigir puntos vinculados al Tratado de Neutralidad, 

- trabajo conjunto con nuestros amigos en la región para enfrentar el narcotráfico, combatir el terrorismo y apoyar el desarrollo sostenible, 

- expandir y profundizar cooperación de defensa con otros países de la región en el apoyo de objetivos comunes, desarrollando acciones para 

resguardar la paz, prevenir ayuda humanitaria para casos de crisis que alcancen proporciones catastróficas, 

- fomentar esfuerzos para prevenir la proliferación de Armas de Destrucción Masiva y asociar sistemas de entrega de información, así como también sistemas de control de beneficio común; 

- En suma, democracia, paz y prosperidad en la región son garantías de la mejor seguridad nacional de los Estados Unidos. (Ídem p. 163). 

La nueva Doctrina de Seguridad Nacional, con el subtitulo de "Enfrentar las Amenazas Transnacionales", consigna lo siguiente: 

- El narcotráfico Internacional afecta los Estados Unidos, trayendo crimen a las calles, violencia a comunidades y abuso de droga en pueblos y ciudades. Esos ataques sobre la salud y la seguridad afectan la seguridad y socavan el bienestar de la gente de los Estados Unidos. 

- La Estrategia de Droga resume la necesidad de un fuerte esfuerzo internacional para contener el narcotráfico. Si la producción de droga y los traficantes de izquierdano son combatidos en su fuente, ellos abrumarán la capacidad de la Nación para responder a la droga como amenaza en la propia casa. (Ídem. p. 170). 
 
 

3.- LOS JUECES MUNDIALES.  

A partir de 1986, los EE.UU. se han autodesignado jueces mundiales del narcotráfico y juzgan el comportamiento de 31 países (9). El Presidente cada primero de marzo evalúa el control hecho a los narcotraficantes, la producción excedentaria de coca y el blanqueo de dinero, con el objeto de continuar o no, la ayuda económica. 

Lo más grave del asunto es que son jueces inquisidores que examinan día a día, y el resultado llega cada primero de marzo con la traumática certificación. Bolivia, Perú y Colombia, han estado en la mira y hacen hasta lo que no deben con tal de conseguir "buena nota". La descertificación se ha convertido en la espada de Damocles que amenaza a los gobernantes de los 31 países que están en la lista roja. 

La situación es preocupante ya que el no recibir el visto bueno, significa estar fuera del gran "mercado global" y por ende, convertido en un paria en la comunidad internacional. 

Al respecto, el periodista Jorge Ramos estableció en "Presencia" del 28 de febrero de 1996, que "los milloncitos de dólares que otorga Estados Unidos junto con la certificación son cada vez menos y no llegan muy lejos. Sin embargo, el veto negativo de los Estados Unidos en el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, podría quebrar la economía de cualquier país que necesita préstamos para crecer". 

Las grandes entidades crediticias en los hechos son más efectivas que los organismos represivos: el temor a cortar la ayuda es mayor que la propia invasión de las tropas norteamericanas. Nada raro que, en algún momento, la lucha ya no sea policial o militar ni en las alturas andinas, selvas amazónicas o el Chapare, sino financiera y en los monopólicos bancos internacionales. 

Cabe destacar lo que Eduardo Galeano (1981, 365-366)sostiene: "el FMI proporciona préstamos o da la imprescindible luz verde para que otros los proporcionen. Nacido en Estados Unidos, con sede en Estados Unidos y al servicio de Estados Unidos, el Fondo opera, en efecto, como un inspector internacional, sin cuyo visto bueno la banca norteamericana no afloja los cordones de la bolsa". 

Desde la reapertura de la democracia en Bolivia, existe el control y seguimiento para cumplir la erradicación forzosa de la coca excedentaria. Y como de por medio está la balanza de pagos y los créditos internacionales, las autoridades bolivianas la imponen, mientras los productores se movilizan hasta La Paz. 

El fantasma de la descertificación es permanente al extremo que, el actual Ministro de Gobierno, Carlos Sánchez Berzain, hasta dos veces por semana inspecciona el Chapare, y existe propaganda oficial tratando de persuadir a los campesinos para erradicar los cocales. 

El Embajador norteamericano desempeña perfectamente el papel de policía: sigue los pasos del gobierno y atemoriza con los plazos perentorios. Con un alto costo político, por ejemplo, hasta el 31 de diciembre de 1995, el gobierno erradicó un total de 5.400 hectáreas de coca, 

A tiempo de hacer el balance de 1995, la prensa registra que las brigadas de la policía arrancaron la ultima hoja de coca excedentaria para cumplir el ultimátum de EE.UU. pero con un saldo de seis personas muertas y 800 detenidos. 

En marzo de 1995, Bolivia fue reprobada y luego recertificada pero no por cumplir las imposiciones, sino por intereses vitales de la Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Clinton criticó el incumplimiento de la erradicación de coca y protestó por la falta de voluntad del gobierno boliviano. 

El mismo año, se conoció el "ultimátum" que acompañaba a la certificación, conteniendo tres condiciones básicas: erradicar 1.750 Has. de coca hasta el 30 de junio de 1995, firmar un nuevo Tratado de Extradición y definir la eliminación de coca a corto, mediano y largo plazo. 

A fines de marzo de 1995, el congresista republicano Dan Burton sugirió a su gobierno bombardear las zonas productoras de coca de Sudamérica con o sin la autorización de los gobiernos y capturar traficantes fuera del territorio norteamericano. 

El traumático examen made in USA, se ha convertido en un verdadero calvario para el pueblo boliviano porque amenaza la viabilidad del Estado afectado. Por ello, la Ilamada de atención en marzo de 1995, no fue en vano ya que el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada cumplió al pie de la letra las condiciones impuestas: erradicó coca excedentaria, firmó un nuevo tratado de extradición y capturó varios narcotraficantes. 

Pese a que se cumplieron las metas, a regañadientes y con observaciones de que prominentes sospechosos de corrupción disfrutan de impunidad, el primero de marzo de 1996, el gobierno norteamericano certifica a Bolivia ponderando la erradicación de 5.400 hectáreas y el descubrimiento del caso "narcoavión" 

Pero ni bien terminaron de poner la nota final y el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada se felicitaba, trascendieron las nuevas exigencias para 1996 que son: 

1) La erradicación "neta" de la superficie de cocales excedentarios e ilegales en el Chapare y los Yungas que a juicio del presidente Bill Clinton experimentaron, en 1995, un sustancial crecimiento. Esto quiere decir, que no debe ocurrir lo mismo que en el pasado, erradicarse con una mano, recibir dinero por ello y, plantar más coca con la otra, lo que significa mantener en pleno funcionamiento el círculo vicioso del narcotráfico. 

2) Penalizar el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. En Bolivia no existe legislación precisa sobre el particular y diferentes fuentes come la Embajada de EE.UU. y de la ONU estiman que entre 200 y 300 millones de dólares anuales es el impacto en la economía nacional. 

3) Juzgar y sancionar a "prominentes corruptos que siguen impunes por sus delitos de narcotráfico". Esto significa terminar, con sentencia condenatoria, procesos contra algunos ex-altos funcionarios gubernamentales que han sido acusados de mantener relaciones con traficantes de drogas. 

4) Intensificar las tareas de control para evitar que el poder del narcotráfico continúe corroyendo los cimientos institucionales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Hay indicios de molestia en los Estados Unidos respecto a la inminente incursión del negocio de la cocaína, en la Fuerza Naval de Bolivia. 

Este ritual se repite el primero de marzo; y, así como en 1995, por las denuncias contra el Presidente Ernesto Samper, Colombia fue descertificada, en otro momento puede ser Bolivia, etc. Pero, ¿quién certifica a los EE.UU.?. 
 
 

4.1 LA VICTORIA ERA PARA EL AÑO 2000.  

Donde menos se debería hacer futurología es con el narcotráfico. Los gobernantes norteamericanos se han equivocado y lo peor es que cada uno a su manera se ha sentido falsamente triunfador. 

Con la "Estrategia Nacional para el Control de la Droga", aprobada a principios de 1990, el Presidente Bush tenia previsto el éxito hasta el año 2000; sin embargo, estamos al final del siglo y no hemos controlado, menos erradicado el narcotráfico. 

El entusiasmo del ex-mandatario lo compartían sus principales colaboradores, como el ex-Zar antidrogas, Robert C. Bonner, que en un Seminario organizado por "La Voz de los Estados Unidos de América", del 20 de septiembre al 5 de octubre de 1990, cometió el despropósito de afirmar que, "la lucha dura ya entre 20 y 25 años, pero se necesitarán de 5 a 10 años más de lucha conjunta para solucionar el problema", (Op. Cit., p. 18). 

Lo más grave no es hacer futurología y equivocarse de comienzo a fin, sino los millonarios e inútiles gastos. Dick Thornbugh, ex-procurador general, en el referido Seminario afirmó que "actualmente, el 6% del Presupuesto Federal total está dedicado a esa tarea, en tanto que el 54% del personal federal pertenece a los diferentes sectores del Ministerio de Justicia. El 45% del presupuesto del Ministerio, está dirigido expresamente a la lucha contra la droga en todos sus aspectos". (Ídem p. 13-14). 

El alto funcionario en 1990 también reveló que alrededor de la mitad de todos los presos son condenados por narcotráfico y que en 1989 se construyeron 22.000 nuevas celdas, duplicando la capacidad carcelaria, además que la DEA contaba con 6.500 funcionarios y tenían agentes de enlace en 65 países del mundo. 
 
 

5.- LA PRODUCCIÓN DE MARIHUANA. 

La lucha contra las drogas dentro de los EE.UU., contrasta abismalmente con la que se obliga a librar a los países andinos. EE.UU. es el principal productor de marihuana, pero soslaya su impacto y sus efectos negativos. ¿A qué se debe este comportamiento nada coherente?. ¿Será porque la marihuana no es producida en Sudamérica?. 

Para el antropólogo norteamericano Jack M. Weatherford (1987, 82), "el narcotráfico en Trinidad y las ciudades a su alrededor es tan intenso que se ha infiltrado en los negocios tradicionales y legales como la banca y el transporte, a tal extremo que los narcóticos han Ilegado a ser la más importante fuerza económica de la zona". 

El autor no habla de Trinidad-Bolivia, sin de Trinidad-California, o "Triángulo Esmeralda", población que se encuentra ubicada a unos 400 kilómetros al norte de San Francisco. Afirma que "las condiciones del suelo y el clima junto a lo alejado de la zona de cualquier otra ciudad importante, la hace ideal para el cultivo de la planta de marihuana, que así se ha convertido en la primera cosecha comercial del estado de California". (ídem, p. 84). 

Lo más curioso es que "gran parte del cultivo de la marihuana se realiza en tierras que son propiedad del gobierno. Tanto el gobierno federal como el Estado de California poseen miles de kilómetros cuadrados de bosques en esta zona. Estos bosques están convertidos en parques nacionales o como reserva para indios como los Hoopa. Irónicamente, es en estas mismas tierras, propiedad del gobierno, que los productores de marihuana tienen muchos de sus cultivos. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos admite que más de un millón de acres de sus bosques nacionales han sido ocupados como zonas de cultivos de marihuana" (Ídem). 

El mismo antropólogo sostiene que "los granjeros Ilegan allí por los pequeños caminos de tierra abiertos por el gobierno y luego siguen a pie, hacia zonas más remotas donde plantan marihuana, diseminada entre plantas y árboles más grandes, que puedan protegerla del mal tiempo y ocultarla de los helicópteros o de los fotógrafos que pasan en aviones". (Ídem, p. 85). 

Los granjeros de la zona tienen una particularidad: son expertos en trampas explosivas. Jack M. Weatherford, afirma que "muchos de los hombres dedicados al negocio de las drogas han tenido experiencia militar, sobre todo en Vietnam, donde aprendieron a preparar trampas explosivas. Los caminos están Ilenos de estas trampas y de pequeñas minas terrestres del tipo de las que usan en Centro América. Estas hieren y, en algunos casos, matan a los intrusos. Los terrenos también están cuidados por feroces perros guardianes. Cuando las fuerzas del gobierno encuentran los sembradíos, el peligro continúa pues se ha encontrado, en algunos casos, que las plantas más grandes de marihuana habían sido conectadas a pequeños aparatos que las hacían explotar cuando se las arrancaba " (Ídem). 

Pese a que se destruyen las plantas, la siembra se incrementa y no han sido capaces de frenar, menos erradicar, el lucrativo tráfico que abastece a la mayor parte del mercado en el oeste de los Estados Unidos. 

El referido autor sostiene que en 1980, "la marihuana se cultivaba en 220.000 acres de terreno boscoso de su propiedad. Para 1986, el gobierno había recuperado 40.000 de estos acres en 2.692 lugares diferentes, a un costo de varios millones de dólares. A pesar de estas débiles victorias, el total de terrenos boscoso sembrado con marihuana creció cuatro veces más durante este periodo, hasta pasar el millón de acres" (Ídem, p. 86). 

Estos datos muestran que EE.UU. ha perdido la "guerra total contra las drogas", incluso en su propio territorio. Por ello, ese país no posee autoridad moral para exigir erradicación total y forzosa de la coca fuera de sus fronteras, ya que el ejemplo debe comenzar por casa. 

El negocio de la marihuana, al igual que la cocaína, no sólo involucra a campesinos y contrabandistas sino también a banqueros y policías y es una de las principales causas de la corrupción política. El carácter ilegal, así como la presión de EE.UU., estimula para que agricultores, y relocalizados mineros bolivianos, hayan optado por cultivar marihuana y coca. 

El antropólogo y sociólogo, Jack M. Weatherford, sostiene que "25.000.000 de norteamericanos utilizan marihuana por lo menos una vez al mes; que cuatro millones, usa cocaína regularmente y que 22.000.000 la han utilizado por lo menos ocasionalmente", mientras que de los 6.000.000 de habitantes bolivianos unas 300.000 personas están involucradas y que por cada nacional implicado hay 75 norteamericanos que la han probado por lo menos una vez." 

El autor denuncia que "el gobierno de los Estados Unidos piensa que debe ser más fácil controlar a 300.000 bolivianos que a 22.000.000 de norteamericanos. Hasta ahora, el gobierno de los Estados Unidos ha sido incapaz de controlar su propia producción de drogas en zonas como Trinidad (California) y mucho menos de detener el contrabando que Ilega de otros países". (Ídem, p 90). 

Pero, Estados Unidos no es sólo el principal productor de marihuana. Noticias procedentes de Los Angeles dan cuenta de que la metanfetamina, una familia de estimulantes sintéticos de moda en los años 70, en especial en California, se está convirtiendo progresivamente en la droga de abuso de los años 90, con perspectivas de desplazar a la cocaína, generando episodios de extrema violencia. 

La Agencia Reuter, difundió que "se elabora en rudimentarios laboratorios montados en garajes y sótanos. Los fabricantes pueden Ilegar a producir diariamente un millón de dólares en droga. Las metanfetaminas, estimulantes baratos y sumamente adictivos, han pasado de ser un fenómeno marginal a un problema que se propaga. Ya se han convertido en las drogas más baratas difíciles de conseguir en California y otros Estados del Oeste. Lo más grave es que los laboratorios de metanfetaminas, conocidos como "Cocinas", pueden instalarse en sótanos, garajes, piezas de moteles baratos o incluso en la parte trasera de un camión". (Presencia, 12/02/96). 

Ahora, ¿qué hace EE.UU. para controlar esta nueva epidemia?. ¿Acaso ella no amenaza la seguridad nacional como la cocaína?. ¿No existen evidencias sobre esta nueva droga?. ¿Podrá ser que las metanfetaminas, por ser producidas en EE.UU., tengan aceptación de la Casa Blanca?. Mientras no se vean señales ciertas y el ejemplo comience realmente por casa, todo lo demás será una farsa. 
 
 

6.1 LA LEY SECA DE LOS EE. UU.  

Los gobernantes que no extraen lecciones de su historia, están obligados a repetirla. Ni más ni menos ocurre ahora con EE.UU. en la lucha contra las drogas. A comienzos de siglo, "para hacer una nación de nuevo" los EE.UU prohibieron y sancionaron penalmente la venta de bebidas alcohólicas. 

En aquella época, la cultura americana era materialista y puritana a la vez. Se vivían momentos difíciles a raíz de la fuerte inmigración europea y el choque cultural de los nuevos ciudadanos, asentados en las antiguas colonias inglesas. Pero, el problema mayor, lo constituía supuestamente el elevado consumo de alcohol, opio y cocaína que estaba influyendo negativamente en la moral y las buenas costumbres del pueblo americano. 

El filósofo español Antonio Escohotado (1994, 92) sostiene que "en 1905, cuando aparecieron las primeras voces de alarma, sobre el consumo de drogas, el Congreso encargó a un comité especial evaluar el número de habituados a opiáceos y cocaína en Estados Unidos. Sus conclusiones fueron que podían haber unos doscientos mil consumidores -cifra equivalente a un 0,5 % de la población entonces-, pero que el ritmo de aumento en las importaciones presagiaba una rápida ampliación de ese número". 

Lo anterior nos muestra que EE.UU. fue el principal consumidor de drogas desde comienzos de siglo. El autor sostiene que "en 1919, otro comité encargado por el Congreso de evaluar el número de adictos estima el número en unos 238.000, indicando que el ritmo de aumento no solo no era el previsto en 1905, sino inferior al aumento global de la población. Tampoco hay en este informe ningún apartado sobre casos de sobre dosis, ni sobre delitos cometidos por adictos" (Ídem). 

En este contexto, se dictó la Enmienda XVIII, ratificada el 16 de enero de 1919 que, en la Sección 1 estableció: "Al término de un año de la ratificación de este articulo y en virtud del mismo, quedará prohibida la fabricación, venta o transporte de licores intoxicantes en forma de bebidas, dentro de los Estados Unidos y en cualquier territorio sometido a la jurisdicción de los mismos, así como la importación de dichos efectos o su exportación" 

La reforma constitucional, conocida como la ley Volstead en homenaje a su proyectista, prescribía multa y prisión para la venta y fabricación de bebidas alcohólicas -seis meses para la primera infracción y cinco años para la siguiente-, salvo el vino para la Santa Misa. 

Escohotado registra parte del mensaje del proyectista que dice: "los barrios bajos serán pronto cosa del pasado. Las cárceles y correccionales quedarán vacíos. Todos los hombres volverán a caminar erguidos, sonreirán todas las mujeres y reirán todos los niños. Se cerraron para siempre las puertas del infierno". (Ídem, 94). 

Esto muestra una vez más que los norteamericanos no son buenos futurólogos: pronosticaron que se cerraban para siempre las puertas del infierno, y aseguraron que la lucha contra el narcotráfico tendría su final exitoso en la presente década, mientras los hechos evidencian todo lo contrario. 

En cuanto a la aplicación, Escohotado sostiene que "provistos ya de una legislación represiva, y convencidos de que ese cuarto de millón de personas desearía dejar de drogarse, siempre que se lo pusieran difícil, los cruzados diseñan un sistema que básicamente consiste en disfrazar a policías de usuarios, para que se infiltren en consultas médicas y farmacias; si en alguno de estos lugares se les receta o dispensa opio, morfina o cocaína con generosidad, el medico o farmacéutico es procesado por conspiración para violar la ley Harrison, y así caerán presos casi 40.000 profesionales entre 1920 y 1930 ". (Ídem, p. 93). 

Con la enmienda constitucional norteamericana, al igual que con la Ley 1008 en Bolivia, el remedio resultó en los hechos peor que la enfermedad, ya que prohibir la venta y el consumo de bebidas alcohólicas, no hizo sino aumentar el consumo y generar violencia. 

Resumiendo los efectos de esta ley, el profesor de historia de la Universidad de Maryland, Keith W. Olson sostiene que la "prohibición tenia el propósito de eliminar de los Estados Unidos las tabernas y los borrachos. En lugar de ello, dio origen a la creación de miles de lugares ilícitos para beber y abrió para los contrabandistas una provechosa carrera criminal. La prohibición, que se violaba de continuo, era moralmente hipócrita y, para muchos norteamericanos, comparable la corrupción política general de la era de Harding ". (Reseña de los EE.UU., p. 149). 

Coinciden las investigaciones que, en menos de un año de la Enmienda y cuando había unas 80.000 personas detenidas, comenzaron las reacciones y efectos negativos de esta ley, pues el contrabando creció vertiginosamente, algunos policías fueron condenados por chantaje y el tipo previo de consumidor cambió: si antes era de clase media y con más de cuarenta años y sin historial delictivo, se masificó especialmente en gente joven y pobre. 

El CEDIB en su boletín del Año 1, Nº 11 junio de 1991, consigna que: 

"aumentó el número de presos, la corrupción, el vicio, los crímenes, la inmoralidad, la mafia y las muertes por alcoholismo (de 1 por 100.000 en 1920, a 3,9 por 100.000 en 1933). El contrabando de alcohol (que no paga impuestos) subió. Por cada bar que se cerró aumentaron tres tabernas clandestinas y, contra lo que comúnmente se piensa, el consumo de alcohol no aumentó: lo que aumentó fue el consumo del mal alcohol. Después de un inicio Ileno de las mejores intenciones, con el transcurso de los 13 años se vio que la política represiva no funcionó y el Presidente Roosevelt tuvo que derogar la tristemente celebre PROHIBICIÓN" 
 

Aquí se habla de verdaderas mafias y donde la corrupción -al igual que en Bolivia, Colombia o Perú- llegó a la policía, la administración de justicia, y el Poder Ejecutivo. 

Con la finalidad de terminar esa "guerra falsa", criminalizadora de grandes sectores sociales, corrupción y crimen organizado, en 1933 se sancionó la Enmienda XXI, ratificada el 5 de diciembre de 1953 que en la Sección 1 estableció: "Queda derogado el articulo dieciocho de enmienda a la Constitución de los Estádos Unidos" 

El escritor español finalmente alega que "las tres familias separadas hasta entonces por feroces rivalidades, acuerdan una política de coexistencia pacifica, aconsejable ante la inminente ruina que para ellas representa el fin de esta Prohibición. Es entonces cuando los jefes del gang judío y del italiano -M. Lansky y S. Luciano- se dedican a la morfina y cocaína, aprovechando la prohibición vigente para esas drogas" (Ídem). 

Con las drogas prohibidas actualmente, está pasando lo mismo que con la Ley Seca: la prohibición estimula y multiplica el narcotráfico, involucrando a Policías, Jueces, Fiscales, Candidatos, políticos, Ministros de Estado, etc. 

Nadie entiende ¿por qué EE.UU. que tiene la experiencia de la Ley Seca, no cambia de estrategia y despenaliza el narcotráfico?. ¿Será que tenemos que sacrificar más vidas humanas para que sólo entonces admitan que están equivocados y que han perdido esta batalla?. ¿Será que los gobernantes de la década de los 30 eran más iluminados que sólo permitieron 13 años de la absurda Ley Seca?, ¿Cuántos años tendremos que esperar -ya estamos en el medio siglo- para que los EE.UU. cambien de estrategia?. ¿Será que los ocupantes de la Casa Blanca no conocen, ni han tenido la curiosidad de revisar su historia? ¿Qué pasaría en estos momentos con los 22.000.000 o más de consumidores americanos si, milagrosamente, desaparecieran de la tierra todas las drogas?. 
 

Williams Herrera Añez 
(Continuará)